Richard Gott, periodista e historiador inglés

–Otro tema importante es la relación Gobierno-medios...
–Éste se está convirtiendo en uno de los debates más serios en toda Latinoamérica. Los medios son excepcionalmente poderosos, mucho más de lo que eran 30 o 40 años atrás. Se han convertido en grandes actores políticos porque, aparte de los diarios, son dueños de imperios televisivos y están abiertos a la propiedad extranjera, como pasa en Europa. Tenemos estos grandes y poderosos intereses políticos como dueños de diarios y canales de televisión participando en política. Esto lo vemos en todos los países de Latinoamérica donde se ha elegido un gobierno progresista.
–¿Cree usted que hay una venezuelización del tema medios en la Argentina?
–Sí, pero no en el sentido de que el gobierno de la Argentina sea chavista. El problema con los medios es bastante similar, pero difiere porque en la Argentina hay todavía fuerzas políticas opositoras que son poderosas. Venezuela es un caso peculiar porque Chávez llegó al poder después de que las fuerzas políticas de la oposición, en su totalidad, se autodestruyeron, simplemente dejaron de existir. En esas circunstancias los medios se convirtieron, de manera no oficial, en la oposición política al gobierno de Chávez. Algo similar está pasando en la Argentina, donde los medios se estan autoconvirtiendo en oposición porque sienten que la oposición política no es ni competente ni efectiva. Quizás ahora que tienen a Macri en Buenos Aires sea el comienzo de un movimiento político de derecha mejor organizado. En estas circunstancias hay un vacío político y los medios lo están llenando.

(Entrevista publicada ayer en el diario Crítica de la Argentina )

Pronunciamiento de la Facultad de Ciencias Sociales

Jueves 10 de abril de 2008

La Facultad de Ciencias Sociales sólo cumplió con su obligación

El martes 1 de abril el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires se pronunció (http://www.fsoc.uba.ar/archivos/institucional/medios.doc) Y lo hizo con la misma responsabilidad, autoridad, conocimiento y pertinencia que lo ha hecho en cientos de oportunidades anteriores
Nuestro pronunciamiento provocó una desmedida, llamativa y por momentos insultante y hasta ofensiva respuesta de parte de algunos medios de prensa, a tal punto que se puso en cuestión y en duda no sólo la pertinencia de nuestra declaración, sino la seriedad académica de nuestra Facultad.
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales (órgano máximo y soberano de gobierno de una Facultad, ante el cual el Decano no puede sino hacer lo que dicho órgano le encomienda) emitió una resolución criticando lo que considera un manejo cuestionable de la información. Su pronunciamiento fue, por algunos, tildado de “obsecuente” con el oficialismo. Pero lo que no se tiene en cuenta, es que con este tipo de acusaciones a la Facultad se cae en un contrasentido, rayano en el absurdo: en nombre de la libertad de prensa de las empresas privadas, se cuestiona la libertad de opinión de una institución pública.
El desatino ideológico de los que levantan semejante acusación (estrechez ciertamente preocupante viniendo de quienes tienen mucho poder sobre la opinión pública) les impide siquiera creer que un Consejo Directivo académico tenga suficiente autonomía de criterio como para dar su parecer, coincida o no con la de alguna de las partes en conflicto. Para colmo de absurdo –o de, en efecto, manejo interesado de la información- se pasa por alto que se trata de la Facultad de Ciencias Sociales , una de cuyas carreras es precisamente la de Ciencias de la Comunicación. Es decir: la disciplina a la que, en principio, debe suponérsele la suficiente competencia teórica, científica y técnica como para que la suya no sea una mera “opinión” irreflexiva o caprichosa, sino el resultado de un análisis riguroso y fundado de los discursos mediáticos; y también, y sobre todo, una carrera de una universidad nacional que tiene el irrenunciable deber ético y cívico de cumplir con el mandato de la Reforma del 18: enseñar, investigar y hacer extensión. Todo ello, precisamente, porque una Facultad es un ente igualmente público, sostenido con los impuestos y el esfuerzo de toda la sociedad (y no, como se ha dicho por ahí, por un “gobierno”).
Cuestionar que la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA se pronuncie sobre la temática es desconocer –como se dijo- que cobija a una de las carrera de Ciencias de la Comunicación más importantes de Latinoamérica; es ocultar que esta misma Facultad se ha pronunciado en cientos de oportunidades con el mismo nivel de independencia y libertad que lo ha hecho siempre; es no reconocer que todos estos otros pronunciamientos no vieron la luz pública porque no fueron considerados adecuados para ser publicados por los mismos medios de comunicación que hoy acusan a la Facultad de colaborar con el cercenamiento de la libertad de expresión; es no reconocer que cada día decenas de medios de prensa buscan en esta misma Facultad de Ciencias Sociales –cuyos dichos son hoy brutalmente cuestionados- citas de autoridad y de especialistas para analizar los más variados fenómenos de la realidad nacional.
Y, de paso, es esquivar el punto principal de lo que la Declaración planteaba: que se habían cometido actos de discriminación durante la cobertura del lockout agropecuario.
Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué sólo en esta oportunidad, en que la Facultad se pronuncia sobre el comportamiento de los medios de comunicación, se reacciona con semejante irritación?
Es imposible, entonces, evitar la sospecha de que en buena medida todo este debate forzado y artificioso pueda estar sirviendo de cortina de humo para evitar el verdadero debate que está en los fundamentos de la Resolución cuestionada: a saber, el de si es cierto o no que hubo un tratamiento parcial e interesado de la información, y el de si es cierto o no que dicho tratamiento incluyó un sustrato de discursos e imágenes rayano en formas explícitas e implícitas de clasismo, de racismo, de discriminación ideológica, etcétera. Esta es la discusión que debe hacerse de cara a esa sociedad de la cual –y supuestamente para la cual- viven tanto la Facultad de Ciencias Sociales como los medios masivos de comunicación. Si la Facultad está equivocada en sus análisis y sus evaluaciones, ello deberá ser demostrado independientemente de las opiniones partidarias y, por supuesto, de los agravios gratuitos.
Los medios, seguramente, cuentan con asesores muy idóneos en la materia: que salgan al ruedo y fundamenten, al igual que lo ha hecho la Facultad, su crítica a nuestros argumentos. Y si no lo hacemos todos así, que sea la propia sociedad la que nos pida cuentas, y no los monopolizados pools informacionales con sus diatribas infundadas o quienes defiendan sus intereses.
Con nuestro pronunciamiento, no hicimos más que cumplir con la función de la universidad pública: poner todo su conocimiento crítico al servicio de la sociedad que la sostiene y aportar a la reflexión todos sus elementos teóricos, técnicos y profesionales.
En el mismo sentido y con el mismo espíritu es que nuestra Facultad se pronunció:
- en contra de la forma en que se llevaron adelante las modificaciones en el INDEC (http://www.fsoc.uba.ar/archivos/institucional/INDEC.pdf )
- en contra de la extensión de las concesiones de las licencias de radiodifusión (http://www.fsoc.uba.ar/archivos/institucional/decreto.pdf)
- con una carta pública para que el gobierno nacional acelerara los mecanismos para que nuestra Facultad pudiera finalizar las obras de su edificio definitivo (http://www.fsoc.uba.ar/archivos/institucional/carta.pdf) y http://www.fsoc.uba.ar/archivos/institucional/edilicio.pdf, entre otras decenas de declaraciones
La deformación del “debate” sobre la “libertad de prensa” ha alcanzado abismos verdaderamente insondables y todos ellos basados en una falacia de origen: aquellos mismos que pretenden –como es legítimo- tener las manos absolutamente libres para opinar lo que sea, pretenden atárselas a los demás.
La Facultad quiere volver a colocar el debate que propuso en la senda original.
El 1 de abril hicimos pública una declaración en la cual
Repudiábamos cualquier tipo de expresión discriminatoria, tanto por las referencias de clase o por invocar el color de la piel o la situación social.
Exhortábamos al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) para que en el ámbito de sus facultades: pusiera en conocimiento de la comunidad argentina la existencia de reglas antidiscriminatorias; realizara actividades a través del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, hiciera las investigaciones correspondientes a fin de dirimir si se habían dado a la difusión pública expresiones de contenido antidemocrático o de cuestionamiento a la vigencia del estado de derecho.
Dábamos cuenta de la necesidad de la sanción de una ley democrática de radiodifusión. Invitábamos a la distintas organizaciones de periodistas profesionales a que realizaran un llamado de atención a sus afiliados y socios respecto de faltas éticas graves.
Cuando hablábamos de actitudes discriminatorias nos referíamos a lo que la Facultad observó durante la cobertura y esto fue:
Se diferenció ente “gente” y “piqueteros”.
A quienes manifestaban durante el cacerolazo se los llamó “vecinos autoconvocados” y a quienes manifestaban a favor del gobierno “piqueteros pagados por el gobierno”.
Se dio por supuesto que la vestimenta y el color de la piel de las personas determinaban si éstos eran o no violentos.
Se estableció una falsa dicotomía a través de la cual se planteó que quienes manifestaban en contra del gobierno eran “vecinos autoconvocados” o “ciudadanos que se manifiestan espontáneamente” y quienes lo hacían a favor, eran “piqueteros violentos” o “personas arriadas”.
Cuando hicimos mención al Observatrorio de la discriminación –un organismo que, dicho sea de paso, no prevé sanción alguna para quienes pudieran incurrir en actos de discriminación, sino la invitación a retractarse o a corregir- no hicimos otra cosa que remitirnos al organismo nacional correspondiente y propusimos que esta entidad –creada en 2006 y no ahora como se dijo por estos días, y que no había recibido objeciones anteriores ni en su creación ni en su accionar- tomara cartas en el asunto. Es decir, pedimos que se cumplieran las funciones para las cuales ambos organismos habían sido creados. Para decirlo de otro modo, exhortamos al Estado nacional (y no al gobierno) –garante de todos los derechos humanos, incluido el de la ciudadanía a informarse correctamente y a que no se cometan actos de discriminación- a que actuara como tal.
Cuando dijimos que la Argentina necesita una nueva ley de radiodifusión, lo que estábamos indicando es que nuestro país merece salir de la oscuridad de una reglamentación de la dictadura que sujeta los servicios a la seguridad nacional (inspiradda en la “Doctrina de seguridad nacional”), .
Cuando proponemos que un organismo como el Observatorio actúe -como saben todos quienes tienen algún tipo de relación con los medios de comunicación, incluidos quienes más fuertemente nos cuestionaron- no estamos haciendo otra cosa que poner en evidencia que los medios de radiodifusión utilizan un recurso escaso administrado por el Estado Nacional y concesionado, dentro de ciertas reglamentaciones, para su explotación privada y comercial.
Cuando invitamos a la distintas organizaciones de periodistas profesionales a debatir lo hicimos con la intención de que éstas entidades aceptaran nuestra propuesta para ser discutida los ámbitos que creyeran convenientes y con las reglas de cada una de estas entidades. Sin embargo entre la tarde del martes 1 de abril y el mediodía del viernes 4, cuando tuvo lugar la reunión la Presidenta de la Nación, no sólo ninguna de estas entidades tomó contacto con nosotros, sino que ninguno de los medios que hoy cuestionan nuestra actitud se acercó para hacernos mención al tema.
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en definitiva y por todo lo que aquí se explica, no hizo más que cumplir con su obligación.

Omisión

La nota de tapa de Crítica de la Argentina escrita por el director del diario, Jorge Lanata, adolece de una omisión. “La verdad sobre la relación entre Clarín y el gobierno que más lo favoreció”, tal como enuncia la volanta en portada (en la nota, Lanata trata de “presidente” a Néstor Kirchner), residiría en los temas que son de dominio público por estos días en la agenda de la relación entre “el Grupo” y la administración K: el acuerdo de la fusión Cablevisión-Multicanal, el freno del ingreso de las telefónicas al negocio de la televisión por cable, Papel Prensa. Es decir, no se hace mención a un tema de implicancias más graves, tal vez el verdadero núcleo de la naturaleza del pacto implícito sellado entre ambas partes. Me refiero al consentimiento oficial de no impulsar la investigación judicial sobre el verdadero origen de los hijos de la principal accionista del Grupo, Ernestina Herrera de Noble, presuntamente apropiados durante la última dictadura militar. Este año la causa volverá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo visto, tal como lo ha hecho notar el sitio Diariosobrediarios, esta cuestión es todo un tabú para la prensa local.

El lugar del medio

Medios de comunicación, periodistas, entidades de prensa y dirigentes políticos coincidieron en impugnar las críticas que Cristina Kirchner vertió contra el periodismo en el acto de apoyo al gobierno nacional organizado en Plaza de Mayo. En rigor, no fue la primera vez que la jefa de Estado se quejó de la prensa. Es más, la presidenta parece decidida a profundizar una línea de gestión instrumentada por su esposo y antecesor en el cargo, Néstor Kirchner. La pregunta que surge es si la insistencia en dedicar diatribas de diversa índole contra los medios abreva en la intolerancia intrínseca de la pareja que gobierna el país desde hace un lustro, es un síntoma patológico del peronismo en el poder o, por el contrario, responde a factores epocales de crisis de los sistemas políticos, en un contexto de globalización.
Echar una mirada al rol que los medios de comunicación desempeñan en las sociedades modernas, a la concomitante situación de las organizaciones partidarias y al estado de la relación medios-gobierno en algunos países de Sudamérica podría ser un buen punto de partida para encuadrar la naturaleza de este conflicto de imbricación cultural. En la Argentina se reproduce un cuadro de amplio alcance territorial.
La convergencia de una serie de factores tecnológicos, económicos y político-culturales que alumbró con el nuevo siglo redefinió el campo político, en el que los medios adquirieron una indudable preeminencia como actores sociales. Los mass media no solo “informan” y dan cuenta de la realidad. O mejor, justamente porque trabajan “sobre” la realidad es que la construyen y crean mundos posibles. Los medios de comunicación masiva instalan agendas, interpelan y sancionan conductas, articulan subjetividades. En consecuencia, asumen un rol de actores político-sociales dotados de enorme poder simbólico: en ellos se libra la disputa hegemónica por la imposición del sentido. Por eso, el lugar que ocupan en la esfera pública no es neutral. Y en tanto actores legitimados en su función de hacer circular discursos, los medios también son objeto de tensiones, confrontaciones y pugnas, que los identifican como elementos articuladores del bloque dominante. Porque los medios de comunicación son exponentes simbólico-culturales de la derecha.
En este escenario de reformulación de los espacios de representación, los partidos políticos no salieron indemnes. Se han visto impotentes para ofrecer una respuesta a la globalización, que catalizó la disolución de las identidades que los conformaban. Así, sumidos en una crisis de legitimidad, vaciados de sentido y fracturados, el rol institucional que les da sentido a las estructuras orgánicas partidarias es librado en gran parte por los medios. Esta circunstancia sitúa las críticas a los mass media en contexto. El trasfondo que encierran, en realidad, es el de una batalla cultural. Los medios de comunicación no son actores inocentes implicados en la sencilla tarea de informar. Son la gran fuente de relatos del poder.
Un pantallazo a la situación en algunos países de Sudamérica reviste de sentido a estas reflexiones. La relación conflictiva medios-gobierno se registra en un extendido marco regional. No es casualidad que se inscriba en Estados donde la crisis del sistema de partidos haya dado lugar a liderazgos no tradicionales (Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay). En ellos también los medios de comunicación despliegan su papel de actores interesados en la arena política. En última instancia, analizar de qué manera esta intervención afecta a la democracia es una tarea pendiente.

Gorilas y cacerolas, la lucha es una sola

Toda protesta social tiene un carácter sectorial y, en ocasiones, de clase*. La intervención en el espacio público por parte de un actor o sujeto sociales suele involucrar reclamos por mejoras cualitativas de diversa índole -en el nivel de vida es el más común-, o simplemente la defensa de un interés amenazado o en conflicto. Por lo general es un recurso al que acuden quienes no detentan posiciones de privilegio en el esquema de poder. El cuadro de situación expuesto en las manifestaciones del martes pasado, sin embargo, fue muy distinto. Basta con echar una mirada sobre los protagonistas de esas protestas para advertir que se trató de una expresión de rechazo de la clase media hacia el gobierno nacional. Una vez más, la pequeñoburguesía decidió salir a batir las cacerolas.
“Quién”, y sobre todo “por qué” produjo un acto clasista de oposición a la gestión oficialista son preguntas de respuesta obligatoria para comprender este fenómeno, inédito en la era kirchnerista. Ahora bien, el desentrañamiento de las causas de este sorpresivo hecho no exime al gobierno de su cuota de responsabilidad. La administración de Cristina Kirchner cometió una serie de errores que, hilvanados, pueden dar cuenta de las motivaciones de la protesta. Aun así, y en lo que a mí respecta, lejos estoy de compartir el reclamo de los piqueteros “fashion” y de sus exponentes urbanos de barrios acomodados.
El origen del conflicto se remonta a la decisión gubernamental del 11 de marzo de aumentar y aplicar retenciones móviles a las exportaciones del agro. Tal como señalé hace unos días, esta medida no me parece impugnable, aunque sí incompleta. Así, el primer error del gobierno consistió en no haber diseñado un esquema que contemplara la sociabilización de parte de la renta extraordinaria apropiada. El mismo podría haber incluido un plan de compensaciones al agro por la suba de los costos, la facilitación de créditos y subsidios al sector, o la puesta en marcha de un programa de inversión en infraestructura y energía, por ejemplo. Esta omisión no hace sino cuestionar la racionalidad de la disposición oficialista. Porque si el objetivo de la medida fuese frenar la suba de los precios de los alimentos, ¿qué impediría, una vez logrado esto, destinar a las provincias de matriz económica rural un porcentaje de la renta capturada, cuando no discutir un nuevo esquema de coparticipación federal? Esta lógica torna irrebatible el argumento de que la actitud del gobierno tiene raíces meramente recaudatorias.
El segundo error en el que incurrió el oficialismo aparejó consecuencias inesperadas. Detenerse en él es un ejercicio interesante, porque brinda la oportunidad de indagar en las causas que impulsaron a una fracción de la sociedad a protestar en las calles. Estoy hablando del discurso que la presidenta pronunció el martes pasado. ¿Fue un error? La reacción social producida no dejaría dudas al respecto. En rigor, la impronta más valiosa que dejó resultó ser una enseñanza.
Cristina Kirchner emitió su discurso luego de 13 días sin pronunciarse sobre la medida de fuerza rural. No fue improvisado ni emitido al calor de una tribuna de campaña. Fue articulado para sentar la postura oficial acerca del conflicto y para dar una señal de fortaleza en medio de la expectativa generalizada, acorde a la magnitud del desafío que la situación implicaba. Las encuestas arrojaban que una considerable franja de la opinión pública aprobaba el aumento de las retenciones a las exportaciones agrícolas. Entonces, ¿quién y por qué salió a las calles a demostrar su inconformismo con la política oficial?
Una lectura atenta de los diarios revela que el foco de las protestas se localizó en los centros urbanos donde el kirchnerismo perdió en las elecciones de octubre pasado: La Plata, Córdoba, ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, y en las localidades cuya actividad económica gira en torno al campo (en muchas de las cuales, paradójicamente, el FpV triunfó en los últimos comicios). En las grandes ciudades, los actores de las manifestaciones eran de clase media, desvinculados de cualquier relación con el ámbito rural. Es muy difícil que hubiera habido votantes de Cristina Kirchner entre ellos. Al contrario. En realidad, la protesta fue motorizada por una minoría de relativo peso electoral, pero de visibilidad mediática amplificada en virtud de su condición de clase.
Lo que aquella secuencia de cacelorazos enseña es que aún sobrevive un gorilismo latente, que al resentimiento de clase le adiciona una vertiente discriminatoria de género. Se halla larvado en un sector que, salvando las distancias de tiempo y contexto, estaba esperando un detonante para montar su propia “procesión de Corpus Christi”. En junio de 1955, en medio del conflicto entre Perón y la Iglesia, la clase media antiperonista llenó las calles de Buenos Aires el día del Corpus, en un acto de clara motivación política en contra del gobierno. Semanas después la Marina bombardeaba Plaza de Mayo, con un saldo de más de 300 muertos.
Por eso, este panorama sugiere calificar de erróneo y peligroso a un movimiento pergeñado en las usinas oficialistas, con los hechos ya consumados. Me refiero al envío de un grupo de militantes sociales a la Plaza de Mayo para que actuara como fuerza de choque contra las voluntades allí reunidas. A menos de cuatro meses de haber asumido, la administración peronista retenía una imagen positiva en la población, que sucesos como éste licuan a un costo oneroso. La naturaleza de esta decisión llevó la situación a un punto de no retorno y agudizó las posturas más radicalizadas de los bandos en pugna. En consecuencia, cualquier lectura que se hiciere de este acontecimiento no es más que preocupante. El conflicto, el disenso y el pluralismo son partes sustantivas de la cultura democrática. Las polarizaciones son peligrosas y abonan la violencia. La Argentina lo sabe de sobra.

*En los contextos de crisis expandida las diferencias de corte clasista en los reclamos son difusas, como ocurrió en la Argentina a principios de siglo.

¿"...el pueblo salió a la calle..."?

Es lo que enuncia el portal del diario La Nación...

(Fotos extraídas de lanacion.com)

Retenciones

La suba de las retenciones a las exportaciones agrícolas que decidió el gobierno nacional y el consecuente paro patronal motorizado por las principales entidades agropecuarias dominan gran parte de las primeras planas de los diarios desde hace varios días. Pero en la disposición adoptada por la administración de Cristina Kirchner subyace una crítica que no ha sido planteada sino de manera tangencial y que implica consecuencias más gravosas desde el punto de vista institucional que aquellas derivadas de la aplicación de un instrumento de política comercial y del ejercicio de un derecho constitucional.
Antes que nada quisiera dejar asentado que yo no puedo estar en contra de una medida oficial cuyos componentes históricos, ideológicos y filosóficos comparto plenamente. Porque desde que se consolidó el modelo económico agroexportador en el país, el sector agrícola-ganadero se constituyó en un ineludible grupo de presión que durante décadas operó con un enfoque divorciado del interés nacional y hasta en contra del mismo.
Sin embargo, en este caso subsiste una cuestión más trascendente que los argumentos expelidos desde ambos lados referidos a las causas y consecuencias de la resolución gubernamental tomada. El aumento de los derechos de exportación ya ingresó al terreno de lo anecdótico. Lo preocupante es la falta de precisiones del Ejecutivo respecto a los usos que el Estado hará de ese ingreso extraordinario no coparticipable. Ese es el punto más objetable que se desprende de la decisión extrema del gobierno. Pocas veces el país ha tenido la oportunidad de de promover un debate público con la caja llena que se plantee como objetivo el trazado de un plan de desarrollo integral orientado en función de políticas redistributivas. Y en la Argentina, la calidad democrática aún tiene varias cuentas pendientes.

Una crítica de "Crítica" y algunas disquisiciones sobre periodismo

Pasó un año exacto desde el último posteo. Ya está, ya elaboré el duelo por haber fallado catastróficamente en el pronóstico de la elección a jefe de gobierno porteño. Mauricio Macri es el nuevo gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Quizás algún día me ocupe de él. El motivo que vuelve a convocarme a la blogósfera es el lanzamiento del diario Crítica de la Argentina.
Sin desconocer que todo análisis es parcial, subjetivo e incompleto, a continuación propongo algunas líneas de reflexión sobre "el último diario de papel". Para ello me baso en la primera semana de edición del matutino, de domingo a domingo. Sé que fijar un corte temporal tan exiguo no permite arriesgar un análisis definitivo. Pero concentrarme en esta tarea me dio la excusa para verter algunas reflexiones acerca de cómo concibo que debería ejercitarse la práctica periodística. La intención, siempre, es la de abrir un debate, por insignificante que sea. Están todos invitados.

En los primeros ocho números de Crítica se advierte
· muchas notas sin firma;
· una sección de temas internacionales acotada, sin notas de elaboración propia ni referencia a agencias de noticias;
· ausencia de corresponsales destacados en las provincias y en ciudades del exterior;
· poca publicidad (ni hablar de grandes anunciantes);
· una pobre redacción y
· una mengua en el número de páginas: el domingo de lanzamiento la edición contó con 64 páginas. Siete días después disminuyeron a 48.
Lo que sobresale, no obstante, es cierta volatilidad y desprolijidad en la organización de las secciones del diario, ya que "el país" y "mundo" suelen aparecer intercaladas. Esto repercute en la clasificación de las noticias, a punto tal que un mismo suceso fue publicado en secciones distintas: dos crónicas relativas al desarrollo de la cumbre del Grupo Río se editaron en las secciones "mundo" y "el país". Lo curioso es que en los títulos de ambas notas se repitió una palabra (ver la edición del sábado 8, páginas 13,14 y 15). Ese día, Clarín y La Nación cubrieron el desarrollo de la cumbre desde la sección de temas internacionales de ambos matutinos ("El Mundo" y "Exterior", respectivamente). Asimismo, con la excepción de las ediciones de los fines de semana, Crítica de la Argentina abre con la nota que ilustra la portada, enmarcada bajo la "chapa" identificatoria "nota de tapa", la cual subsume indistintamente acontecimientos que podrían integrar la sección "mundo" (martes 4 y jueves 6) o "el país" (miércoles 5 y viernes 7).
Esta laxitud en el ordenamiento de las secciones y en la clasificación de las noticias es un signo de época. Revela las dificultades que los medios tienen para definir e inscribir los hechos en un mundo globalizado y atravesado por acontecimientos trasnacionales. Pero también es un rasgo distintivo de la prensa popular, que suele elaborar sus contenidos en función de agendas temáticas, más dispersas, lo cual la exime de presentar las noticias en secciones fijas y definidas. El diario dirigido por Jorge Lanata parece asentarse en esta tendencia, cada vez más arraigada en el periodismo gráfico.
Antes del lanzamiento, Lanata había dicho que el diario no sería "ni oficialista ni opositor", que sólo iba a "hacer periodismo". En el documental que precedió la salida del matutino lo graficó con un ejemplo: "La bolsa de Miceli es un hecho periodístico, no es de izquierda ni de derecha". Esta ilusión de la actividad periodística como neutral encuentra otro exponente en el diario de fin de semana Perfil: el slogan del periódico de Jorge Fontevecchia es "periodismo puro".
En mi opinión, tal noción sólo se concibe en las campañas de marketing. Escamotea la atribución de los medios de participar en la esfera pública a través de la puesta en debate de una agenda propia. Porque los medios de comunicación son actores políticos dotados de un enorme poder simbólico, en tanto espacios de disputa por la hegemonía y la construcción del sentido.
La capacidad de elaborar y de proponer una agenda propia contribuye al debate democrático ciudadano. Aunque discurre en el mismo sentido, por agenda propia no me refiero a la "línea editorial" de un medio. Dicho término es bastante ajustado en su definición. La agenda propia se construye a partir de la capacidad que un medio tiene de construir un mundo moral, de interpelar y constituir un sujeto, de sancionar y legitimar dentro de la misma comunidad de valores. Por eso no comparto la definición del diario Perfil como "opositor" al gobierno nacional, por ejemplo. Existe una diferencia entre ser crítico y ser opositor. Un medio es opositor si construye una agenda alternativa desde la cual interviene en la esfera pública. Y la agenda que presenta el diario de Fontevecchia se impone sobre la base de exponer la vida privada de los funcionarios. El resultado es la edición de un producto que destila frivolidad, promotor de denuncias que no contribuyen al debate democrático de la ciudadanía. Distinto fue el caso de Página/12, allá, en sus albores. En un contexto de "pensamiento único" y de gran discrecionalidad de la administración central en la concepción de su política de medios (¿igual que ahora?), Página supo construir un espacio en el que ejercía un rol sobresaliente la investigación y la denuncia, pero que se sostenía en una agenda propia, confrontativa con los intereses del poder formal de turno.
Ahora bien, pese a que resulta apresurado emitir un juicio con tan solo unos pocos números en la calle, es posible afirmar que Crítica tiene algunos puntos de contacto con Perfil. El interrogante que se presenta nace en torno al tipo de lector que busca captar. La construcción del lector no sólo es un proceso en el que juegan un papel fundamental las modalidades de la enunciación y el pacto de lectura forjado con las audiencias. También está vinculada con el nicho de mercado al que se dirige el producto. En ese sentido me arriesgo a decir que las investigaciones/denuncias de Crítica apuntan a tomar lectores de Perfil; el sesgo "popular" que se desprende de la tematización de la agenda apunta a quitarle lectores a Clarín, y el diseño de la portada, muy similar al de Página/12 (fotomontajes incluidos) tiene por objeto no sólo capturar lectores de este matutino, sino también captar una audiencia nueva, nuevos lectores, quizás jóvenes, que no acostumbran leer diarios.
El problema son las dudas sembradas por las fórmulas de marketing que Lanata maneja para ello. En la entrevista que le concedió al semanario XXIII unos días antes de la salida del diario, se despachó con un "ya no quedan periodistas", porque "cualquiera cuenta la historia de Hillary Clinton, pero nadie sabe relatar la historia del portero de la esquina, con sus grandezas y sus miserias, que es tanto o más interesante que aquella" (la cita no es textual, pero es casi exacta). ¿Cómo puede alguien como Lanata manifestar semejante desatino? Si hay algo que los medios escritos han incorporado en sus páginas son los relatos de interés humano, las notas focalizadas en los dramas familiares, la mediatización del dolor, una narrativa sensacionalista desarrollada a partir de casos individuales.
La expectativa que generó la salida de Crítica será saldada cuando el diario resuelva la disyuntiva de ofrecerse como un producto calidad o como un éxito de ventas. Por cierto que una conjunción de ambas alternativas no es irrealizable. Pero por ahora Crítica de la Argentina parece alejado de tales extremos.

Lo que importa es figurar

El primero en ganar la portada de los diarios fue Roberto Lavagna, cuando a principios de año anunció su candidatura presidencial en sendas entrevistas a Clarín y a La Nación. Poco después lo siguieron Jorge Telerman y Mauricio Macri: el jefe de Gobierno porteño acaparó la atención del arco político al fijar la fecha de las elecciones locales y el titular de Boca Juniors se robó todos los flashes al formalizar su lanzamiento en la ciudad capital. Daniel Filmus, por su parte, acompaña al Presidente en cada acto institucional de relevancia y fue protagonista de la apertura de los noticieros el día que dispuso el aumento generalizado de los salarios docentes.
En este contexto, no debe sorprender la movida de la (¿ex?) jefa del ARI, Elisa Carrió, que insinuó la posibilidad de bajarse de la candidatura presidencial para disputar el sillón de Telerman. Ningún analista creyó seria esta propuesta, y la mayoría arriesgó que la actual diputada nacional prepara el terreno para anunciar una postulación sorpresiva en el distrito que la catapultó al Congreso.
La cuestión, en realidad, consiste en no perder visibilidad, en posicionarse en la incipiente carrera electoral, en disputar el espacio mediático. Y el caso del ARI es emblemático, ya que esta fuerza creció y se sostuvo a partir de la capacidad oratoria de su líder, descollante figura del Parlamento. Por eso cada nuevo anuncio es estudiado, preparado y comunicado estratégicamente: si hay algo que el ARI no puede perder es la contienda por el manejo de la agenda mediática.
En la era videopolítica, antes que las ideas y las propuestas lo que cuenta es el montaje escénico y los símbolos puestos en juego. En tal sentido, el rol de los medios de comunicación es fundamental, ya que constituyen el terreno donde se definen gran parte de las disputas electorales. Por eso, no está de más prestar atención al próximo paso que darán los principales actores políticos nacionales para sumar adhesiones en la carrera que los tiene como protagonistas: la elección de los vices que los acompañarán en una futura (e hipotética) administración.

La duda capital de Macri

El debate acerca de la decisión que tomará Mauricio Macri respecto al distrito en el que se presentará a competir en las elecciones generales de este año cobró un vigor imprevisto. Al establecer que los comicios porteños se celebren el próximo 3 de junio, Jorge Telerman forzó al mundillo político capitalino (y nacional, siempre parte interesada) a definir las estrategias electorales. En este contexto, diversos trascendidos deslizan que Macri finalmente optaría por disputar la gobernación de la ciudad de Buenos Aires en vez de la presidencia de la República, resolución que oficializaría la semana que viene.
Esta aparente determinación generó no pocas discusiones al interior del macrismo. Sucede que un numeroso sector de adherentes al proyecto encabezado por el titular de Boca Juniors estima que lo aconsejable sería que el ingeniero peleara por la jefatura de Estado. Tal contrapunto no es irrelevante, habida cuenta del peso que Macri tiene como figura de la oposición y de que una decisión desacertada podría acarrear consecuencias políticas a largo plazo en la coalición de centroderecha conformada por Recrear y Compromiso para el Cambio.
Yo creo que si Macri se presenta como aspirante a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires es por pura especulación electoral. Es decir, porque juzga que en la Capital conseguiría imponerse en segunda vuelta, posibilidad casi irrealizable en el escenario nacional. En mi opinión, la alternativa de correr por el Ejecutivo capitalino entraña más riesgos que una eventual candidatura presidencial: en la contienda porteña Macri expone gran parte de su capital político y, si bien tiene mucho para ganar, también tiene mucho para perder.
Un triunfo del diputado en la ciudad de Buenos Aires constituiría la plataforma más sólida para elaborar un proyecto de alcance nacional, eso es indudable. Y Macri tiene más chances de ganar en la Capital que en la Nación. Pero una derrota abriría un serio interrogante sobre el futuro político del ingeniero, que vería frustrada su intención de alzarse con el máximo cargo ejecutivo porteño por segunda vez en cuatro años.
Fernando Laborda escribió el viernes pasado que esto es precisamente lo que se sugiere desde el gobierno nacional (que se sentiría más cómodo confrontando en octubre con Macri antes que con Roberto Lavagna, además de verse favorecido por la dispersión del campo opositor). Pero para contrarrestar esa hipótesis pone como ejemplo a José de la Sota, que “se cansó de perder elecciones ante la UCR en Córdoba y hoy gobierna la provincia”. Tal vez esté en lo cierto, pero no hay que olvidar lo que sucedió cuando el “Gallego” quiso competir por la presidencia.
Laborda también argumenta que “ningún postulante presidencial que obtiene el segundo puesto tiene asegurado un lugar de privilegio dentro de la oposición para el próximo turno electoral [...] ni Eduardo Angeloz ni José Octavio Bordón se convirtieron en líderes de la oposición después de sus dignas derrotas ante Carlos Menem”. Este es un análisis simplista. En el caso de Angeloz debe tenerse en cuenta que él pertenecía a un partido político de alcance nacional, con su estructura, lógica y dinámica características. Era natural que fuera desplazado por nuevas figuras. Por otro lado, ¿Bordón no pertenecía al Frepaso, que cuatro años después llegó a la presidencia en alianza con la UCR?
Macri desdeñaría competir por la presidencia en este turno y se presentaría en Capital con la convicción de que finalmente llegará a Bolívar 1. Piensa, con lógica irrefutable, que desde allí cimentaría su camino hacia la jefatura de Estado en 2011. Pero aquí reside el núcleo de la cuestión. Yo estimo que lo más conveniente para el ex directivo de Socma es que se presente a competir por la presidencia porque no va a ganar en la ciudad de Buenos Aires. Lo digo ahora, sin encuestas en la mano y contra todos los pronósticos.
Seguramente el diputado de Pro se impondrá en primera vuelta, pero en el ballotage imagino a un Néstor Kirchner derrotado en el distrito cerrando algún tipo de acuerdo con Telerman (que resultará segundo) para no quedarse con las manos vacías y no ofrecer una imagen golpeada a cuatro meses de los comicios principales. Es más, aunque no existiera un acuerdo de este tipo, es harto probable que los votantes del candidato del Presidente, Daniel Filmus, sufraguen en segunda vuelta por el actual jefe de Gobierno antes que por el presidente de Boca. Por otra parte, ¿qué hará el ingeniero fuera de la discusión nacional una vez derrotado, con la elección nacional por delante? ¿Cómo quedará su imagen?
Con este virtual escenario por delante, para Macri resultaría menos arriesgado consagrarse como candidato presidencial. Un más que probable segundo puesto en la carrera nacional sería más fructífero que una derrota en la Capital. Desde allí podría fortalecerse como el principal opositor nacional y aprovechar que su figura arrastraría un mayor número de diputados en las boletas. Asimismo, la crisis que atraviesan los partidos políticos no compromete su posicionamiento a futuro. Al contrario, lo fortalece.