Retenciones

La suba de las retenciones a las exportaciones agrícolas que decidió el gobierno nacional y el consecuente paro patronal motorizado por las principales entidades agropecuarias dominan gran parte de las primeras planas de los diarios desde hace varios días. Pero en la disposición adoptada por la administración de Cristina Kirchner subyace una crítica que no ha sido planteada sino de manera tangencial y que implica consecuencias más gravosas desde el punto de vista institucional que aquellas derivadas de la aplicación de un instrumento de política comercial y del ejercicio de un derecho constitucional.
Antes que nada quisiera dejar asentado que yo no puedo estar en contra de una medida oficial cuyos componentes históricos, ideológicos y filosóficos comparto plenamente. Porque desde que se consolidó el modelo económico agroexportador en el país, el sector agrícola-ganadero se constituyó en un ineludible grupo de presión que durante décadas operó con un enfoque divorciado del interés nacional y hasta en contra del mismo.
Sin embargo, en este caso subsiste una cuestión más trascendente que los argumentos expelidos desde ambos lados referidos a las causas y consecuencias de la resolución gubernamental tomada. El aumento de los derechos de exportación ya ingresó al terreno de lo anecdótico. Lo preocupante es la falta de precisiones del Ejecutivo respecto a los usos que el Estado hará de ese ingreso extraordinario no coparticipable. Ese es el punto más objetable que se desprende de la decisión extrema del gobierno. Pocas veces el país ha tenido la oportunidad de de promover un debate público con la caja llena que se plantee como objetivo el trazado de un plan de desarrollo integral orientado en función de políticas redistributivas. Y en la Argentina, la calidad democrática aún tiene varias cuentas pendientes.